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El Gobierno nacional profundiza los operativos territoriales junto a las fuerzas federales y fortalece las áreas vinculadas con expulsiones, en el marco de un plan que incluye nuevas herramientas tecnológicas para el cruce de información.
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) intensificó en las últimas semanas los controles migratorios en distintos puntos del país con el objetivo de detectar a ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación irregular. La estrategia oficial combina operativos territoriales con fuerzas federales, mayores facultades para el organismo y la implementación de sistemas tecnológicos avanzados para el análisis de datos.
Según pudo conocerse, la DNM define las zonas de intervención a partir de tareas de campo y análisis de inteligencia sobre los lugares con mayor concentración o circulación de extranjeros. Los procedimientos pueden ser programados o activarse ante requerimientos específicos, y cuentan con la participación de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La profundización de los controles se apoya en las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que reformó distintos aspectos del régimen migratorio y facultó expresamente a Migraciones a requerir la acreditación de identidad y de la situación migratoria durante las tareas de inspección. La norma también incorporó disposiciones para aquellos casos en los que se detecten ingresos al país por pasos no habilitados o evitando los controles correspondientes.
Uno de los procedimientos más relevantes de las últimas semanas se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, donde alrededor de 60 agentes participaron de un operativo en el que fueron controladas unas 420 personas. De acuerdo con fuentes oficiales, ocho extranjeros presentaban irregularidades migratorias, entre ellos un ciudadano chino sobre el que pesaba una orden de expulsión.
Las autoridades aclaran que la respuesta ante una situación irregular dependerá de cada caso en particular. Cuando se trata de una permanencia vencida o de documentación pendiente, Migraciones puede intimar al extranjero a regularizar su residencia. En cambio, si se comprueba un ingreso irregular al territorio nacional, puede iniciarse un procedimiento administrativo que eventualmente derive en una expulsión.
En los casos en que existan causas judiciales o requerimientos internacionales, intervienen las fuerzas de seguridad y la Justicia según corresponda.
El Programa de Seguridad Migratoria
El esquema de control se amplió en junio pasado con la creación del Programa de Seguridad Migratoria, establecido mediante la Resolución 551/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. La normativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de Migraciones y de las fuerzas federales para prevenir, detectar e investigar ilícitos migratorios. Además, dispuso la conformación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA.
Los operativos ya se desplegaron en diferentes puntos del país. En abril, por ejemplo, las autoridades controlaron a más de 400 personas en Aguaray, provincia de Salta, mientras que también se realizaron procedimientos en Tartagal. En Misiones, en tanto, se detectaron ciudadanos extranjeros que no contaban con registros de ingreso legal al país.
La estrategia del Ejecutivo también incluye una reorganización tecnológica de Migraciones, con el objetivo de centralizar datos y mejorar los mecanismos para detectar irregularidades de manera más eficiente.
Entre las medidas se encuentra el avance de sistemas destinados a procesar información anticipada de pasajeros que ingresan o salen de la Argentina a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros. Estas herramientas se complementan con el sistema central de control migratorio, que permite cruzar los movimientos de las personas con información de Interpol y otras bases utilizadas por las autoridades nacionales.
Asimismo, el Gobierno creó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), integrado por Migraciones, las cuatro fuerzas federales y áreas de inteligencia criminal. El esquema apunta a concentrar diferentes fuentes de información y generar alertas a partir del análisis de riesgo.
A fines de julio, el Gobierno introdujo otra modificación a la Ley de Migraciones a través del DNU 681/2026. La normativa incorporó como causal para impedir el ingreso al territorio argentino o cancelar una residencia determinados casos vinculados con mensajes de odio o incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, además de actos de ultraje contra símbolos patrios.
El decreto aclara que las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas constitucionalmente no quedan incluidas en esas causales. Fuentes oficiales indicaron que la Casa Rosada busca que esos antecedentes puedan incorporarse al sistema de alertas que ya utiliza Migraciones. Sin embargo, todavía deben definirse cuestiones vinculadas con quién generará las advertencias, qué pruebas serán necesarias y qué instancia deberá validarlas.
El esquema de control se amplió en junio pasado con la creación del Programa de Seguridad Migratoria, establecido mediante la Resolución 551/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. La normativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de Migraciones y de las fuerzas federales para prevenir, detectar e investigar ilícitos migratorios. Además, dispuso la conformación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA.
Los operativos ya se desplegaron en diferentes puntos del país. En abril, por ejemplo, las autoridades controlaron a más de 400 personas en Aguaray, provincia de Salta, mientras que también se realizaron procedimientos en Tartagal. En Misiones, en tanto, se detectaron ciudadanos extranjeros que no contaban con registros de ingreso legal al país.
Tecnología y centralización de datos
La estrategia del Ejecutivo también incluye una reorganización tecnológica de Migraciones, con el objetivo de centralizar datos y mejorar los mecanismos para detectar irregularidades de manera más eficiente.
Entre las medidas se encuentra el avance de sistemas destinados a procesar información anticipada de pasajeros que ingresan o salen de la Argentina a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros. Estas herramientas se complementan con el sistema central de control migratorio, que permite cruzar los movimientos de las personas con información de Interpol y otras bases utilizadas por las autoridades nacionales.
Asimismo, el Gobierno creó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), integrado por Migraciones, las cuatro fuerzas federales y áreas de inteligencia criminal. El esquema apunta a concentrar diferentes fuentes de información y generar alertas a partir del análisis de riesgo.
Nuevas causales para impedir el ingreso
A fines de julio, el Gobierno introdujo otra modificación a la Ley de Migraciones a través del DNU 681/2026. La normativa incorporó como causal para impedir el ingreso al territorio argentino o cancelar una residencia determinados casos vinculados con mensajes de odio o incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, además de actos de ultraje contra símbolos patrios.
El decreto aclara que las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas constitucionalmente no quedan incluidas en esas causales. Fuentes oficiales indicaron que la Casa Rosada busca que esos antecedentes puedan incorporarse al sistema de alertas que ya utiliza Migraciones. Sin embargo, todavía deben definirse cuestiones vinculadas con quién generará las advertencias, qué pruebas serán necesarias y qué instancia deberá validarlas.
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