La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que la causa por la compra de una mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en US$ 17 millones y atribuida a presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sea investigada por el juez federal Daniel Rafecas. De esta manera, el máximo tribunal dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado competente al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y puso fin a una disputa de competencia que se extendió por casi un año.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y hizo lugar al recurso de queja presentado por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Alberto Villar, quien había sufrido un revés en instancias inferiores cuando la Sala I de Casación declaró inadmisible su planteo para modificar el juzgado interviniente.
El argumento central de la Corte fue que lo que se investiga excede la compra de una propiedad. En el fallo, los jueces sostuvieron que no se trata únicamente de la adquisición de un inmueble en Pilar, sino de “una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales”.
Para el tribunal, el Partido de Pilar no era el centro de dirección de la actividad bajo investigación. La vinculación con esa jurisdicción deriva “únicamente de la ubicación de un inmueble” que estaría inscripto a nombre de personas sospechadas de ser testaferros, pero eso no alcanza para dirimir la competencia territorial cuando la hipótesis apunta a “una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025” para canalizar fondos de la AFA mediante un complejo circuito financiero.
Entre los elementos que la Corte consideró determinantes para fijar la competencia en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran:
- Real Central SRL, la firma utilizada para adquirir el predio, tenía su sede social en territorio porteño.
- La escritura de compraventa se firmó en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.
- La AFA tiene su sede en Viamonte 1366/76, donde se habrían tomado las decisiones sobre el manejo de los fondos.
- La justicia federal porteña “fue la que previno” al intervenir primero en el caso.
El fallo no se limitó a resolver la cuestión de competencia: también dirigió fuertes cuestionamientos a los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, firmantes de la resolución que había enviado el expediente a Campana.
La Corte sostuvo que ese fallo afectó “de modo severo e inequívoco” la garantía de juez natural y cometió una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia”, además de incurrir en un “evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”.
En concreto, los jueces señalaron que la Cámara “omitió deliberadamente” analizar los argumentos del fiscal Villar, quien había planteado la existencia de elementos objetivos suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad de Buenos Aires. El fallo de Casación se dictó con la disidencia de Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal.
La investigación se inició a partir de una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como adquirentes de la quinta de Villa Rosa a través de la firma Real Central SRL. La sospecha es que actuaron como testaferros de Toviggino porque no tenían capacidad económica suficiente para justificar la operación: Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de más de $2.000.000; Conte es jubilada y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Con el avance de la pesquisa, el objeto procesal se fue ampliando e incorporó transferencias de fondos, 54 vehículos a nombre de la empresa (algunos de colección), caballos árabes y de pura sangre, otros inmuebles y circuitos financieros internacionales. La Corte describió la causa como “una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito”.
La causa tuvo múltiples idas y vueltas entre distintos juzgados. En un principio le correspondió a Rafecas, pero este se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico, que tampoco lo asumió. La causa volvió a Comodoro Py y luego la defensa se presentó en el juzgado federal de Campana, que reclamó el expediente. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolvió a favor de Campana, pero la fiscalía apeló y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que por mayoría dispuso enviarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Ese tribunal dijo que debía intervenir el Juzgado en lo Penal Económico N.° 10, pero la defensa presentó un nuevo recurso de casación y la Sala I de Casación declaró competente a Campana. Finalmente, el Ministerio Público Fiscal llevó el caso a la Corte, que este jueves resolvió la cuestión de fondo.
Con este fallo, la investigación vuelve al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3, a cargo de Rafecas, quien fue el primero en impulsar la causa cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y de elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje con su nombre.
La resolución representa un duro revés procesal para la cúpula de la AFA, que buscaba concentrar las investigaciones vinculadas a la dirigencia futbolística en la jurisdicción bonaerense. También consolida en Comodoro Py el avance de múltiples expedientes por presuntas irregularidades en el fútbol argentino.
Rafecas, sin embargo, podría dejar el juzgado en cualquier momento: el mes pasado, el presidente Javier Milei envió su pliego al Senado para nombrarlo camarista de la Casación Nacional (la ordinaria, no la federal). Cuando eso ocurra, dejará Comodoro Py y alguno de sus actuales colegas asumirá como subrogante en su juzgado y, por ende, en esta causa.