El Senado de la Nación sancionó este jueves la nueva Ley de Discapacidad con 71 votos a favor y ninguno en contra, en una sesión que se extendió por varias horas y que convirtió en ley uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa. La única ausencia fue la de la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), quien se encuentra con licencia por maternidad.
La iniciativa, denominada formalmente “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, busca convertir en permanente el esquema de beneficios establecido por la Ley 27.793, que hasta ahora tenía carácter de emergencia y vencía a fin de año. De esta manera, sus disposiciones pasan a ser política de Estado, con vigencia más allá de los cambios de gobierno.
El proyecto ya contaba con el visto bueno del Senado, pero luego fue aprobado en la Cámara de Diputados con modificaciones, lo que obligó a que regrese a la Cámara Alta. Allí, el oficialismo aceptó los cambios impuestos por la oposición, entre ellos mantener la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
El senador oficialista Agustín Monteverde, miembro informante y presidente de la comisión de Presupuesto, defendió el texto: “La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación de ese tipo se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”. Y agregó: “Este proyecto no entraña absolutamente ningún recorte sino que es resultado de un amplio consenso”.
Desde la oposición, la senadora Alicia Kirchner (Unión por la Patria) consideró la sanción como un paso necesario ante el vencimiento inminente, pero advirtió que la verdadera garantía de derechos dependerá de su implementación: “Ninguna sanción legislativa es un punto de llegada o reconstruye los derechos que fueron vulnerados. En tal caso, es un punto de partida”. También manifestó su preocupación por la capacidad operativa de la ANSeS para ejecutar las prestaciones, al señalar que existen “427 centros para todo el país” y que “en la provincia de Buenos Aires está el 42,9% de ellos”.
Los beneficios que se mantienen
El texto consensuado ratifica los ejes centrales del sistema vigente:
- Pensión no contributiva por discapacidad: equivalente al 70% de la jubilación mínima, alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso.
- Compatibilidad con el empleo formal: las personas con CUD podrán conservar la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Nomenclador único de prestaciones y actualización automática de los aranceles según la movilidad jubilatoria.
- Cobertura médica básica de Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o por discapacidad.
- Piso presupuestario: el presupuesto del Ministerio de Salud destinado a esta área no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior.
La norma incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos estatales, bajo el principio del debido proceso inclusivo. También contempla un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Para evitar futuros vetos o cuestionamientos, el texto detalla partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y prevé compensaciones desde el Tesoro si estas resultaran insuficientes. Además, se aclara que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
Cómo votaron los senadores chaqueños
Los tres representantes del Chaco en la Cámara Alta votaron a favor de la sanción: Jorge Milton Capitanich (Fuerza Patria), Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) y Silvana Lorena Schneider (Alianza La Libertad Avanza / Bloque UCR). El respaldo legislativo incluyó así a la totalidad de la representación chaqueña, unificando posturas políticas diversas en torno al consenso general alcanzado en el recinto.
El contexto: la visita del papa León XIV y el reclamo por el cumplimiento
El debate estuvo atravesado por la reciente visita del papa León XIV al país. Varios legisladores retomaron sus palabras durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole: “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes” fue una de las frases más repetidas. La senadora del PJ Ana Marks pidió que esas palabras “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical Maximiliano Abad llamó a traducir el mensaje en acciones concretas.
Pese al amplio consenso, desde la bancada peronista pusieron en duda las intenciones del Gobierno y hablaron de un “repentino y simulado interés”, recordando el veto anterior del Poder Ejecutivo a la ley de emergencia, que fue rechazado por ambas cámaras y derivó en una posterior judicialización. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacó en tanto que se trató de “un acuerdo político y social” y que la norma genera “certeza” a pocos días del vencimiento de la emergencia.