La sentencia fue firmada por los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque. El tribunal analizó una demanda particular contra la ANSES y concluyó que el mecanismo de cálculo de la Ley 27.609 provocó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83%.
Para llegar a esa conclusión, los jueces compararon la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese período, la movilidad jubilatoria acumuló un incremento del 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1.129,07%.
El tribunal sostuvo que "la validez constitucional de una norma no es un atributo estático que queda sellado al momento de su sanción" y señaló que la fórmula de la Ley 27.609 no incorporó una pauta inflacionaria ni un piso que evitara la pérdida del valor real de los haberes. Aunque la fórmula no merecía reproche al momento de su sanción, su diseño mostró sus límites cuando la inflación se aceleró a partir de 2022.
La sentencia no define que la ANSES deba ajustar automáticamente los haberes de todos los jubilados, pero abre un camino para aquellos que promuevan su propio reclamo judicial. El abogado previsionalista Adrián Trocoli precisó que, para quienes se jubilaron antes de 2020 y reciben haberes medios y altos, el fallo "podría implicar un aumento del 70% de su percepción".
Como mecanismo de recomposición, la Cámara ordenó utilizar la fórmula de la Ley 27.426, vigente durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese esquema establecía actualizaciones trimestrales y combinaba un 70% de la variación del IPC y un 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE. A partir de junio de 2024, el cálculo deberá enlazarse con el régimen de actualización mensual dispuesto por el Decreto 274/2024.