Un cabo primero de la Policía del Chaco quedó detenido en las últimas horas acusado de haber solicitado una suma de dinero a un transportista durante un control vial en la Ruta Nacional N° 89, en jurisdicción de la ciudad de Charata. La causa está caratulada como presunto cohecho y quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 3 de Charata, a cargo de María Gabriela Rafart Antón.

Según la denuncia presentada por el propio conductor de un transporte de cargas, el episodio ocurrió el pasado 30 de octubre, durante un procedimiento de control vehicular. En ese contexto, el personal policial le habría solicitado una transferencia de 50.000 pesos para permitir la continuidad de la marcha del rodado.

El dato que terminó de complicar al uniformado fue el comprobante de la transferencia, realizada a través de una billetera virtual, que el denunciante aportó como elemento de respaldo. Con esa prueba en mano, la División de Investigaciones Complejas revisó los datos de la cuenta receptora y logró individualizar al presunto destinatario del dinero: un cabo primero que se desempeñaba en la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial Charata.

A partir de los elementos reunidos, la fiscal Rafart Antón dispuso la aprehensión formal del efectivo y el secuestro de su teléfono celular para someterlo a peritajes. Además, requirió la nómina completa del personal que se encontraba de servicio al momento del hecho, con el objetivo de establecer si hubo otros involucrados en la maniobra.

El cabo involucrado fue notificado de su aprehensión y quedó alojado preventivamente en la dependencia correspondiente, a disposición de la Justicia.

En paralelo a la causa penal, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial Interior inició un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder, conforme a la normativa policial vigente. Por disposición de la Jefatura de Policía, se resolvió además la suspensión preventiva de funciones con retención de haberes del efectivo, quien hizo entrega de su credencial policial, su arma reglamentaria y los elementos de dotación.

Desde la fuerza señalaron que colaborarán con la Justicia y con las autoridades administrativas hasta el total esclarecimiento del caso, y remarcaron que toda conducta que se aparte de los deberes del personal policial debe ser investigada con el debido proceso y el respeto de las garantías legales.