La Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, cerró con una condena por acuerdo pleno una de las causas por contrabando de precursores químicos más relevantes de los últimos meses en la frontera salteña. La jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, homologó este 22 de octubre las penas de cuatro años y ocho meses de prisión para Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, ambos de nacionalidad boliviana, quienes reconocieron el hecho y su participación.

Los imputados fueron considerados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos, mediante el empleo de documentación adulterada y en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de estas sustancias a una zona de frontera sin la debida autorización. Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluyó la inhabilitación absoluta por el término de la condena y las sanciones accesorias previstas en el artículo 876 del Código Aduanero. También se dispuso el decomiso de la sustancia secuestrada, de los teléfonos celulares y, en el caso de Puma García, del tractor y el semirremolque utilizados para el transporte.
El operativo que desbarató la maniobra

El procedimiento que dio origen a la causa se realizó el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en la provincia de Salta. Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, en el marco del Plan Bandera dispuesto por el Ministerio de Seguridad, detuvieron la marcha de dos camiones con semirremolque que se dirigían desde Fray Bentos (Uruguay) hacia Cochabamba (Bolivia).

Durante la inspección, los gendarmes detectaron inconsistencias en la documentación presentada. La carga estaba distribuida en 191 tambores 95 en un vehículo y 96 en el otro, todos rotulados como “acetato de etilo”, con un peso individual de 184 kilos. En total, la sustancia alcanzaba los 35.144 kilogramos. Al cotejar los datos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), se comprobó que la empresa propietaria, la firma transportista y los vehículos carecían de la inscripción obligatoria. Además, los permisos presentados por los conductores una autorización de tránsito internacional y un itinerario habían sido falsificados, imitando el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) e incorporando incluso las patentes de los camiones para darles apariencia de legalidad.

La investigación reconstruyó la ruta completa de la operatoria. Los dos camiones Volvo habían ingresado a la Argentina el 13 de marzo por el paso internacional de Gualeguaychú, procedentes de Fray Bentos, Uruguay. La documentación formal establecía que la carga debía salir del país por el paso de Salvador Mazza, también en Salta, y continuar hacia Bolivia con destino final en Cochabamba. Sin embargo, los vehículos fueron detectados circulando por Aguas Blancas, un paso no autorizado para ese recorrido, con dominios y trayectos que no coincidían con los permisos declarados.

La causa también reveló el entramado comercial detrás del envío. Según la pesquisa, en la operación intervenían empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá. La transportista Melinor S.A., de Uruguay, figuraba como primera empresa en la documentación; la Cooperativa Tarija del Sur SRL aparecía como segunda transportista; y Corporación Mathiesen S.A., de Santa Cruz de la Sierra, como destinataria final. La compradora formal era Southpac Corporation, con domicilio en Panamá. Mediante la articulación de la PROCUNAR y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI) con autoridades bolivianas, se constató que el depósito de destino final en Cochabamba no estaba habilitado para operar con sustancias químicas, lo que reforzó la hipótesis de un desvío hacia la producción ilegal de drogas.

El acetato de etilo es un solvente industrial de uso común, pero también un precursor químico fundamental en el proceso de cristalización final del clorhidrato de cocaína. Su comercio y traslado están estrictamente regulados por la Ley 26.045, que lo incluye en la lista II de precursores químicos controlados. La carga secuestrada en este caso fue tasada en $167.608.459.

La causa había avanzado hacia un juicio oral con una pretensión punitiva de la fiscalía de 9 años y 2 meses de prisión para los dos choferes, según había anticipado el fiscal Romero en la audiencia de control de acusación de fines de septiembre. Finalmente, las defensas y la Fiscalía alcanzaron un acuerdo pleno que fue homologado por la jueza Snopek, lo que derivó en la pena única de cuatro años y ocho meses para ambos imputados, quienes aceptaron su responsabilidad en el intento de contrabando.

Para la Fiscalía, la condena representa un golpe a una de las rutas de abastecimiento de precursores químicos hacia Bolivia, en un contexto en el que el control del acetato de etilo se ha convertido en un eje central de la lucha contra el narcotráfico en la frontera norte. La causa también dejó al descubierto la sofisticación de las maniobras: documentación falsificada con formato oficial, rutas alternativas no autorizadas y una cadena de empresas internacionales que buscaba darle apariencia legal a un cargamento cuyo destino final, según la investigación, estaba lejos del uso industrial declarado.