El Gobierno nacional oficializó este lunes la clasificación como secreto militar de las operaciones contractuales destinadas a la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida quedó plasmada en el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

De acuerdo con el texto oficial, la figura de secreto militar abarca “toda noticia, informe, material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra”. En consecuencia, los organismos contratantes quedan “exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso”. Esto implica que no trascenderán los montos comprometidos, las empresas proveedoras ni las características específicas del material que se adquirirá.

El contexto: la tensión con el Reino Unido por Malvinas

La disposición se enmarca en una escalada de tensión diplomática con el Reino Unido en torno a la soberanía de las Islas Malvinas. Según consignó el propio decreto, la medida se adoptó en un contexto de conflicto por el archipiélago del Atlántico Sur. En paralelo a la clasificación de las compras militares, el Ejecutivo impulsó acciones ante la justicia internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las islas. La semana pasada, la representación argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”. Según el Gobierno, esta medida cautelar “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su” plataforma continental.

Los fundamentos legales de la medida

Para fundamentar la decisión, la resolución remitió al artículo 2° de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, que define a la Defensa Nacional como “la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. Asimismo, la normativa establece que la Defensa Nacional tiene por finalidad “garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes”.

En la misma línea, el texto apeló a la Ley 24.948, que dispone que “es responsabilidad del Ministerio de Defensa evaluar y decidir sobre los requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas necesarias para el logro conjunto de los objetivos de la Defensa Nacional”. A partir de este marco, la cartera que conduce Presti identificó un proceso de adquisición de equipamiento “cuya naturaleza, características y finalidad exigen que su contenido sea conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra, toda vez que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”. Por ello, determinó que “resulta pertinente declarar secreto militar, en los términos del Decreto N° 9390/63, a las operaciones contractuales vinculadas con las referidas adquisiciones”.

Sin precisiones sobre el material a adquirir

El decreto no especifica qué materiales o equipos se comprarán ni detalla el alcance de las operaciones, tal como lo había anticipado el propio texto normativo. La clasificación como secreto militar impide, en la práctica, que la ciudadanía y los organismos de control puedan conocer el destino de los fondos públicos comprometidos en estas contrataciones, un punto que ya había sido objeto de controversia en medidas similares adoptadas con anterioridad, como el Decreto 807/2024.

Con esta decisión, el Gobierno profundiza una política de opacidad sobre las compras de defensa en un momento de máxima sensibilidad geopolítica por la cuestión Malvinas, mientras avanza en paralelo con la ofensiva diplomática y judicial contra la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en el Atlántico Sur.