El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos y ortopédicos. La causa busca determinar si funcionarios y empresarios coordinaron contrataciones públicas para favorecer a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.

El expediente se concentra en operaciones realizadas a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica. Según la resolución judicial, este nuevo tramo comprende compras que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a exfuncionarios y empresarios vinculados con las empresas proveedoras.

La investigación analiza adquisiciones de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Entre las presuntas irregularidades detectadas, la Justicia examina diferencias entre los precios abonados y los valores de referencia. Las estimaciones incorporadas al expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.

La causa está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, quien reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La investigación apunta a establecer cómo se desarrollaron las contrataciones, qué empresas resultaron beneficiadas y si existieron acuerdos entre funcionarios y proveedores.

Además de Spagnuolo, la resolución alcanza a Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, entre otros involucrados. De acuerdo con la información difundida sobre la decisión judicial, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva y se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por el expediente. En paralelo, el magistrado dictó la falta de mérito para otras 11 personas y ordenó profundizar la investigación sobre su posible participación.

Los delitos bajo análisis incluyen presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y, en algunos casos, lavado de activos agravado. La responsabilidad penal de cada uno de los involucrados deberá determinarse durante el avance del proceso judicial.