Siete organizaciones de la sociedad civil enviaron una petición a los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que preserven la obligatoriedad de los debates presidenciales dentro del proyecto de reforma electoral que impulsa el Gobierno. Las firmantes son el Club Político Argentino, Constituya, Debate Argentino, Directorio Legislativo, Fundación Avina, Poder Ciudadano y Ser Fiscal.
El reclamo apunta específicamente al artículo 30 de la iniciativa, que propone sustituir por completo el Capítulo IV bis del Código Electoral Nacional —titulado "De la campaña electoral y el debate presidencial obligatorio"— por un capítulo referido únicamente a la campaña electoral. De aprobarse esa redacción, quedarían fuera del Código los artículos que regulan la obligatoriedad, la organización, la realización, la transmisión y la autoridad de aplicación de los debates presidenciales (arts. 64 quinquies a 64 duodecies).
"La reforma del sistema electoral puede modificar o eliminar las PASO. Lo que no debería producir, como efecto colateral, es la eliminación de los debates presidenciales: una institución que garantiza a la ciudadanía el acceso directo, simultáneo y en condiciones de igualdad a las propuestas de quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la Nación", señalaron las organizaciones en su presentación.
Las entidades sostuvieron que el debate no es un derecho de los candidatos, sino de los ciudadanos. "La obligatoriedad del debate exige que los candidatos participen más allá de si lo consideran conveniente o no para su campaña electoral. Una ley consensuada protege el debate con independencia de quién gobierne, quién lidere las encuestas o qué fuerza política considere conveniente debatir", agregaron.
Entre los beneficios que destacaron, mencionaron que el debate permite a la ciudadanía "escuchar y comparar propuestas en un mismo espacio, bajo reglas comunes y en condiciones de igualdad", asegura "una transmisión pública, gratuita, federal y accesible" y fortalece la rendición de cuentas al dejar un registro de posiciones y compromisos que puede contrastarse durante el ejercicio del gobierno.
La obligatoriedad de los debates fue incorporada al Código Electoral Nacional en 2016 mediante la Ley 27.337, sancionada con amplias mayorías en ambas Cámaras. Hasta entonces, su realización dependía de un acuerdo entre los candidatos. La norma buscó convertirlos en una regla permanente del proceso electoral y obligar a los postulantes presidenciales a exponer y confrontar públicamente sus plataformas y propuestas.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, puso el foco en el interés social: "Es uno de los eventos televisivos con más rating de la Argentina, a nivel de un partido de fútbol de la Selección Nacional". Y concluyó: "Sacar el debate le resta calidad al debate público y le resta información a los ciudadanos que tienen que decidir su voto".
La discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el senador Agustín Coto, se reanudó este martes. El proyecto oficialista, de 79 artículos, apunta a derogar las PASO, modificar el financiamiento partidario e incorporar la Ficha Limpia. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que aún no cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa: "Estamos viendo qué hacemos con las PASO, si las suspendemos o las eliminamos".