El Gobierno nacional anunció este martes que ampliará las denuncias penales contra empresas petroleras que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa en la Casa Rosada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien precisó que la Cancillería y la Procuración del Tesoro llevarán adelante una ampliación de la presentación realizada la semana pasada.
"Para nuestro gobierno es una convicción irrenunciable. Por historia y por derecho las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. Recordamos la ocupación británica, que data de 1833, e insistimos sobre el pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de no realizar acciones unilaterales sobre el territorio, hasta que se resuelva la controversia, un llamado que los británicos desoyeron", afirmó Ravier.
El portavoz repasó los instrumentos diplomáticos y judiciales que la administración argentina lleva adelante en defensa del territorio insular. "En este marco, mencionamos todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales que nuestro Gobierno lleva adelante para defender la soberanía argentina sobre las Malvinas. Entre ellas se destacan las denuncias penales a distintas empresas petroleras, presentadas por el canciller Pablo Quirno junto al Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio", indicó.
La estrategia judicial y las empresas denunciadas
Las medidas judiciales apuntan directamente a frenar actividades operativas que infringen la normativa nacional. Según detalló el funcionario, "se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley 26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización".
Ravier concluyó en que se ampliará "la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las Islas".
La estrategia del Ejecutivo no estará limitada a las empresas. En su conferencia de prensa, Ravier explicó que las sanciones previstas por la legislación alcanzarán también a quienes participen de las operaciones. "Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", afirmó. En ese sentido, mencionó como ejemplo la imposibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o participar de proyectos como Vaca Muerta.
Las compañías bajo la lupa
La primera denuncia de esta nueva etapa fue presentada contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que estas compañías participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización de las autoridades argentinas.
Posteriormente se sumaron nuevas denuncias penales contra cinco petroleras: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. Las presentaciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio.
En paralelo, otro escrito amplía la denuncia que ya se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo del juez Julián Ercolini, e incorpora nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Los escritos individualizan además a ejecutivos con responsabilidades financieras, jurídicas, técnicas, operativas y de conducción en las compañías investigadas.
El sustento jurídico de las actuaciones reside en la Ley 26.659, sancionada en 2011, que prohíbe de forma explícita el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin la correspondiente habilitación de las autoridades nacionales, fijando penas de inhabilitación de entre 5 y 20 años para los infractores. Para dotar de mayor celeridad a estos procesos administrativos, el Poder Ejecutivo dispuso recientemente la publicación del Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial.
El proyecto Sea Lion y la urgencia del Gobierno
Uno de los principales focos de la disputa es Sea Lion, proyecto offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas. La operación está vinculada a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que avanzaron con el desarrollo del proyecto y prevén iniciar la extracción de crudo en 2028. Para el Gobierno argentino, el inicio de la producción implicaría un salto cualitativo en la disputa porque supondría la extracción efectiva de recursos naturales que Argentina considera propios.
Ravier planteó que el Ejecutivo considera que existe una cuestión de urgencia porque, una vez iniciada la extracción, sería más difícil impedir que las empresas continúen con sus operaciones. "Si no hacíamos algo inmediatamente, no lo íbamos a poder detener", sostuvo el vocero, al justificar la batería de medidas adoptadas por el Gobierno.
Otras acciones en marcha
Además de las denuncias penales, en los últimos días el Gobierno argentino ha abierto procedimientos administrativos con vistas a sancionar a 60 empresas y accionistas involucrados en operaciones petroleras en Malvinas. El registro formal incluyó a la firma Shlomo Eliahu Holdings Ltda., de capitales israelíes y accionista de Navitas Petroleum, junto con cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: los británicos Ab Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd. También incluyó la firma SMR Advisors SAM desde Mónaco y la entidad bancaria Mizrahi Tefahot Bank Ltd. con sede en Israel.
El despliegue en los tribunales se inscribe en una estrategia integral de reafirmación soberana tras la cadena nacional encabezada por el Presidente para advertir sobre los riesgos del proyecto Sea Lion. En simultáneo, el Gobierno promovió el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso, la intervención de la Justicia de Tierra del Fuego en las demandas contra la iniciativa petrolera y la instrucción para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027. Desde la Casa Rosada ratificaron que continuarán utilizando todas las herramientas legales disponibles para sancionar a quienes violen los derechos soberanos de la República Argentina.