Los trabajadores despedidos de Musimundo en Chaco rompieron el silencio y, a través de un duro comunicado, responsabilizaron directamente a la cúpula gerencial de la crisis que derivó en el cierre de sucursales y el despido masivo de personal. Los exempleados de CARSA S.A., la firma que controlaba el 50% de la marca en la región, denunciaron una "radiografía de un vaciamiento" y aseguraron que la debacle no responde al contexto macroeconómico sino a "malas decisiones financieras" de la gerencia.

Las autoridades de la empresa les habrían comunicado informalmente que no se abonarán los salarios de agosto ya trabajados y que tampoco existiría intención de afrontar las indemnizaciones, dejando a los trabajadores en una situación de incertidumbre y desamparo.

La crisis, atribuida a la gestión

"Lejos de atribuirse al contexto macroeconómico (la sociedad quiera culpar a Milei o Zdero), la debacle financiera responde de manera directa a la gestión de la cúpula gerencial, encabezada por el gerente general Ariel Viglione y el gerente de Finanzas, Andrés Fioravanti, cuyas decisiones financieras asfixiaron la caja de la compañía", indicaron los ex empleados en el comunicado.

La reducción masiva de personal, según relataron, comenzó en 2017 y se profundizó con el correr de los años. "Aunque el contexto recesivo nacional agudizó la fragilidad financiera, el desplome obedeció a una cadena de malas decisiones y tropiezos económicos internos", señalaron.

Fractura entre las familias fundadoras

A la crisis operativa se suma una profunda fractura societaria entre las familias fundadoras. La estructura accionaria está compuesta por José María Franchino (56%) , Ginés Sáez a través de JAS Inversora (41,90%) , y un minoritario 2,10% en manos de Hilda Beatriz y María Teresa Moreno Sáez.

"La transición de mando entre los octogenarios líderes y los directores Santiago Franchino y Sonia Mariana Sáez (junto a su pareja Diego Blasco), derivó en una puja de poder que escaló en 2025 con la intervención judicial de la sociedad y la designación de un veedor", explicaron. Si bien la justicia determinó la inexistencia de maniobras fraudulentas por parte de los Franchino, las tensiones continuaron hasta el desistimiento mutuo de las causas legales.

"Mientras ambas familias se cruzan culpas por el rumbo de la empresa, el impacto recae sobre la operatividad de la firma y el futuro de las indemnizaciones de sus trabajadores y el pago de sus acreedores", denunciaron los exempleados.

La salida de EM SRL y el nuevo concurso

En 2024, EM SRL (antes Electrónica Megatone), que poseía el otro 50% de la marca Musimundo, decidió abandonar la sociedad para reconvertir sus locales bajo la identidad On City. Los trabajadores destacaron que, a diferencia de CARSA S.A., EM SRL "se destacó por una estructura sólida, decisiones empresariales firmes y una conducción alejada de ambiciones desmedidas".

"Compartir la titularidad equitativa de la marca nunca significó cargar con los errores operativos y financieros de un socio ineficiente", expresaron. En julio de 2026, CARSA S.A. impulsó un nuevo concurso preventivo. Para los exempleados, "el objetivo estratégico siempre fue claro: cesar la actividad, separar a los socios y disolver la administración".

"Detrás de las cifras hay rostros y familias"

El comunicado de los trabajadores tiene un fuerte tono de desesperación y denuncia hacia la gerencia y los accionistas. "Detrás de los expedientes y las cifras frías hay rostros, familias y años de vida entregados a una empresa que hoy les da la espalda", expresaron.

"Con una soberbia inquebrantable, la gerencia general liderada por Ariel Viglione impuso una cruel sentencia moral: para ellos, quienes cruzan la puerta de salida y quedan fuera de la estructura, valen menos que los que continúan adentro", lamentaron. Y agregaron: "Mientras los accionistas optan por mirar hacia otro lado y evidencian que cumplir con las indemnizaciones jamás ha sido su prioridad".

La incertidumbre es total, ya que los trabajadores no saben cuándo ni cómo cobrarán lo que les corresponde. "Las decisiones del gerente de finanzas se encargaron de asfixiar lo poco que quedaba en la caja, dejando el sustento de cientos de familias a la merced aleatoria de las cobranzas", señalaron.

El pedido a la Justicia

Finalmente, los exempleados hicieron un llamamiento a las autoridades judiciales. "Se apela al contador Benítez (síndico) y al juez Lavenas para que intervengan, analicen el dolor humano detrás de los papeles y agilicen los tiempos, evitando que el trabajador deba endeudarse aún más para pagar un abogado que defienda lo que, por derecho, les corresponde".

"Ante la ley, el pago a los trabajadores debería ser sagrado", remarcaron, en medio de una situación que describen como "desoladora" para las familias que quedaron en la calle tras el cierre de la emblemática cadena.