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Además del domicilio donde la expresidente cumple prisión domiciliaria, la medida del TOF N° 2 también alcanzó otras propiedades, vehículos y activos de ella y su familia en el marco de la causa Vialidad, como parte del proceso para recuperar el dinero fijado como perjuicio al Estado. De todas maneras, aún no dispuso el remate de la vivienda.
El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó una serie de embargos sobre inmuebles, vehículos y otros activos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y su familia, en el marco de la ejecución de la condena por la causa Vialidad. La medida busca avanzar en el decomiso de bienes para recuperar el dinero establecido como perjuicio al Estado.
Entre los inmuebles alcanzados se encuentra el departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Según aclaró el tribunal, el embargo no implica un remate inmediato ni modifica la titularidad de las propiedades, sino que establece su indisponibilidad jurídica para impedir transferencias o gravámenes mientras se define el decomiso.
La resolución también alcanzó un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el complejo Madero Center, en Puerto Madero, que la familia Kirchner posee mediante sociedades comerciales.
En Santa Cruz fueron embargados terrenos y edificaciones en distintas localidades. Entre ellos se encuentra el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, además de inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, incluido el chalet de Cristina Kirchner sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso también fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner, pese a que ambos no fueron condenados en la causa. El tribunal sostuvo que en la sentencia de Vialidad se acreditó que las maniobras defraudatorias beneficiaron económicamente a Lázaro Báez y, de manera indirecta, a la familia Kirchner, a partir de los vínculos comerciales entre las empresas del empresario y las sociedades Los Sauces y Hotesur.
Además, se ordenaron medidas sobre bienes de empresas constructoras vinculadas al expediente y la reinscripción de embargos sobre vehículos de los condenados. Entre ellos figuran un Honda CR-V de Cristina Kirchner, vehículos de Lázaro Báez y José López, y automóviles pertenecientes a otros condenados.
Por último, el tribunal intimó al Banco Galicia a informar en un plazo de 24 horas sobre el estado de una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro, una en pesos y otra en dólares, pertenecientes a Florencia Kirchner. El pedido se realizó bajo apercibimiento de ley debido a anteriores incumplimientos de la entidad ante requerimientos del TOF N° 2.
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