La Corte Suprema rechazó el último intento de la defensa y el gendarme que fingió ser atropellado en panamericana ira a juicio

  La Corte Suprema de Justicia puso punto final a la estrategia dilatoria del comandante de Gendarmería Juan López Torales y habilitó el ini...

 

La Corte Suprema de Justicia puso punto final a la estrategia dilatoria del comandante de Gendarmería Juan López Torales y habilitó el inicio del juicio oral en su contra, por un insólito episodio ocurrido hace más de una década en la autopista Panamericana, durante una protesta de trabajadores de la fábrica Lear.

Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el alto tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa, que intentaba cerrar el expediente alegando prescripción de la causa. De esta manera, quedó firme la elevación a juicio dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.

El hecho que se le atribuye a López Torales ocurrió el 1° de julio de 2014, en el marco de un reclamo gremial de los operarios de Lear, que cortaban el tránsito en el kilómetro 30 de la Panamericana, a la altura de Tigre. Allí, el entonces oficial de Gendarmería hoy comandante protagonizó una escena que quedó registrada por los periodistas que cubrían la protesta: se arrojó deliberadamente sobre el capó de un auto en movimiento, simulando ser atropellado.

El conductor del vehículo, Cristian Romero, fue inmediatamente rodeado por otros gendarmes, sacado por la fuerza del automóvil y detenido. Según la acusación, López Torales no solo montó esa puesta en escena, sino que luego declaró bajo juramento que había sido embestido, incurriendo así en falso testimonio.

En su dictamen, el fiscal había sostenido que la maniobra del gendarme no fue un hecho impulsivo, sino una acción premeditada con un doble propósito: justificar una represión desproporcionada y fabricar un delito que recayera sobre un manifestante. Por eso, la imputación incluye el delito de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia, que prevé penas de hasta 10 años de prisión.

La defensa intentó durante años frenar el avance de la causa. Primero cuestionó la validez de las pruebas, luego apeló el procesamiento dictado en 2016 por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado que fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín y finalmente planteó la prescripción del delito, argumentando que había transcurrido el plazo máximo previsto por la ley desde los hechos.

Sin embargo, los tribunales rechazaron ese planteo. Tanto el TOF N° 5 como la Casación entendieron que los plazos procesales se habían visto interrumpidos por las propias presentaciones de la defensa, y que el caso no había estado inactivo el tiempo suficiente como para declarar la extinción de la acción penal. La Corte, al desestimar el recurso de queja, selló esa interpretación.

Romero, por su parte, no solo fue víctima de aquella detención arbitraria, sino que también enfrentó una causa judicial que luego fue sobreseída. En la demanda civil que presentó contra el Estado por daños y perjuicios, relató con crudeza el momento de su aprehensión: “Me aplicaron golpes de puño, me arrojaron al piso, me dieron puntapiés, arrastraron mi cuerpo por el pavimento”, declaró. También describió los daños materiales que sufrió su Chevrolet: una abolladura en el capot y el parabrisas roto por el codo del efectivo al caer sobre el vehículo.

Ahora, la causa quedará en manos del Tribunal Oral Federal N° 5, que deberá fijar fecha para el debate y determinar si López Torales es penalmente responsable. El juicio promete ser uno de los más seguidos en la órbita de los fueros federales de la zona norte del conurbano, no solo por la singularidad del hecho, sino por el rango jerárquico que hoy ocupa el acusado dentro de la fuerza de seguridad.

Fuentes judiciales consultadas confirmaron que el tribunal ya comenzó a trabajar en la organización de las audiencias, aunque todavía no hay una fecha confirmada para el inicio del debate. Lo que ya está definido, después de este fallo de la Corte, es que López Torales tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentar el testimonio de los periodistas que filmaron la escena, los gendarmes que participaron del operativo y, sobre todo, de Cristian Romero, el hombre que fue detenido por un delito que nunca cometió.