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El nuevo esquema contempla revisar los mecanismos de ingreso, las evaluaciones de desempeño, los ascensos, la movilidad y las remuneraciones. Para avanzar, deberá negociar modificaciones en el convenio colectivo con los gremios.
El Gobierno nacional avanza en una reforma del empleo público con la que pretende modificar distintos aspectos de la carrera dentro de la Administración Pública Nacional. La iniciativa incluye cambios en los mecanismos de ingreso y permanencia, las evaluaciones de desempeño, los ascensos, la movilidad entre áreas y la composición de los salarios.
La intención de la Casa Rosada es avanzar con el nuevo esquema antes de fin de año. En el Ejecutivo consideran que buena parte de las modificaciones podrían implementarse por la vía administrativa y sin necesidad de aprobar una ley específica en el Congreso.
Sin embargo, reconocen que existe un obstáculo central: para concretar varios de los cambios será necesario modificar el convenio colectivo de trabajo, lo que obliga al Gobierno a abrir una negociación con los sindicatos.
Hasta el momento, ese diálogo no comenzó formalmente. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que todavía no recibieron una convocatoria para discutir modificaciones en la carrera de los empleados de la Administración Pública central.
Según el gremio, las conversaciones impulsadas hasta ahora estuvieron vinculadas con convenios colectivos de organismos alcanzados por la reforma laboral y regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, como PAMI y ANSES.
QUÉ CAMBIOS ANALIZA EL GOBIERNO
El presidente Javier Milei volvió a colocar el tema en agenda al señalar que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en una reconsideración de la carrera dentro del sector público.
Uno de los objetivos es que el desempeño de cada agente tenga mayor incidencia tanto en el desarrollo de su carrera como en sus remuneraciones.
Entre los puntos que se encuentran bajo análisis aparecen los mecanismos utilizados para ingresar y permanecer en el Estado, los sistemas de evaluación, las condiciones necesarias para obtener ascensos y la posibilidad de facilitar la movilidad de trabajadores entre diferentes áreas.
También se estudia la composición de los ingresos de acuerdo con las funciones y los resultados, además de las reglas que eventualmente pueden derivar en desvinculaciones.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, aclaran que la letra fina de la reforma todavía no está definida y que cualquier modificación deberá mantenerse dentro del marco legal vigente.
LAS EVALUACIONES YA EXISTEN, PERO BUSCAN DARLES MAYOR PESO
Actualmente, el empleo público nacional se encuentra regulado principalmente por la Ley 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional y, para una parte importante de los agentes, por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
La normativa vigente ya establece que el ingreso al Estado debe realizarse mediante mecanismos de selección destinados a acreditar la idoneidad de los postulantes. También incorpora criterios de mérito, eficiencia, rendimiento y capacitación para avanzar dentro de la carrera.
Para acceder a la estabilidad, el régimen general contempla un período de prueba de 12 meses, además de evaluaciones satisfactorias y el cumplimiento de los requisitos correspondientes al puesto.
Las evaluaciones también tienen actualmente incidencia sobre los ascensos. Dentro del SINEP, por ejemplo, para una promoción de grado deben acreditarse tres evaluaciones no inferiores a "bueno" o dos calificaciones superiores, además de completar las actividades de capacitación requeridas.
Por ese motivo, la reforma que analiza el Gobierno no apunta a introducir por primera vez las evaluaciones de desempeño, sino a modificar su funcionamiento y aumentar su peso dentro de la carrera administrativa.
LA NEGOCIACIÓN CON LOS GREMIOS, UNA PIEZA CLAVE
El margen de acción del Ejecutivo estará condicionado por las negociaciones sindicales. La Ley 24.185 establece que las condiciones laborales de los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben negociarse entre el Estado y las organizaciones sindicales con personería gremial.
La estructura de la carrera y el escalafón forman parte de las cuestiones que pueden discutirse mediante negociación colectiva.
En caso de alcanzarse un acuerdo entre las partes, éste queda plasmado en un acta y posteriormente puede ser instrumentado por el Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente.
Sin embargo, existen límites. La Ley 25.164 establece una serie de derechos y garantías mínimas que no pueden reducirse mediante una negociación colectiva en perjuicio de los empleados.
Por eso, si el Gobierno finalmente pretendiera avanzar sobre cuestiones reservadas específicamente a esa legislación, la modificación del convenio colectivo no sería suficiente y debería enviar un proyecto al Congreso
DOS REFORMAS DIFERENTES
En paralelo, el Ministerio de Desregulación trabaja en otra iniciativa vinculada con una reforma integral del Estado, que contempla revisar organismos, competencias y estructuras para evaluar nuevas eliminaciones, fusiones o transformaciones.
A diferencia de la reforma del empleo público, la Casa Rosada sí prevé que ese paquete pase por el Congreso.
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