El Gobierno defiende la desregulación portuaria y advierte con sanciones a los trabajadores que paran

  Mientras continúa la medida de fuerza que afecta el movimiento en los puertos y repercute sobre el comercio exterior, el Gobierno nacional...

 

Mientras continúa la medida de fuerza que afecta el movimiento en los puertos y repercute sobre el comercio exterior, el Gobierno nacional defendió la reforma impulsada por decreto y anticipó que sancionará a quienes participan del paro.

En ese marco, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la actividad constituye un servicio esencial y, por esa razón, consideró que la prestación no puede interrumpirse. Además, vinculó el conflicto con la decisión oficial de abrir el mercado a una mayor competencia.

"Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia (transporte marítimo) la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia. Abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos", afirmó.

El funcionario también defendió el alcance del Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma deja sin efecto el reglamento vigente desde 1991 e introduce una nueva regulación para la actividad.

Ravier insistió en que la medida apunta a reducir los costos logísticos y cuestionó la reacción del sector: "Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen este paro que perjudica la logística". Finalmente, advirtió: "Este es un servicio esencial, que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones".

Los cambios del decreto

El conflicto comenzó tras la entrada en vigencia del nuevo decreto, que modifica aspectos centrales del régimen de practicaje. Entre otras medidas:

• Elimina el sistema de cupos para la inscripción de nuevos profesionales.

• Habilita la contratación directa de prácticos por parte de armadores y agencias marítimas.

• Faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a establecer topes tarifarios.

• Permite que determinados capitanes naveguen en zonas específicas sin contratar un práctico, siempre que acrediten la experiencia requerida.

Los trabajadores del sector rechazan esos cambios y sostienen que afectan las condiciones en que se desarrolla la actividad. Los prácticos intervienen en la conducción de los buques en ríos, canales y accesos portuarios, donde el conocimiento de las características de navegación resulta clave para la seguridad. Su labor es especialmente relevante en el río Paraná y el Río de la Plata, por donde circula una parte importante de las exportaciones argentinas.

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó el decreto como inconstitucional y anunció que recurrirá a la Justicia Federal mediante una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo para intentar frenar su aplicación. También informó que presentará una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Ese planteo es acompañado por la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, que advierten que las modificaciones podrían comprometer la seguridad operativa y las condiciones de trabajo del sector.