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La Cámara de Diputados del Chaco sancionó de manera definitiva el Régimen de Protección de Solvencia y Prevención del Sobreendeudamiento por Consumos Problemáticos, una ley que crea un registro para bloquear el acceso a créditos y tarjetas a personas que atraviesan situaciones de adicciones, ludopatía u otros consumos problemáticos. La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons (PJ), quien trabajó el proyecto junto a la diputada radical Maida With.
"El problema de salud mental atraviesa nuestro tiempo", planteó Pérez Pons en diálogo con N9, al señalar que la problemática "atraviesa principalmente a las juventudes, pero también a toda la población en general".
El eje de la norma es la creación de un Registro Provincial de Protección (RPP), en el que las personas podrán inscribirse de manera voluntaria o, si no pueden hacerlo por sí mismas, a pedido de sus familiares por vía judicial. "Las personas se van a inscribir en un registro o lo podrán hacer sus familiares", detalló el diputado, quien precisó que la solicitud puede partir del cónyuge, el conviviente o parientes directos. Una vez inscripta, la persona queda con un bloqueo financiero total o parcial, y bancos, fintechs y casas de préstamo quedan obligados a consultar el padrón antes de otorgar un crédito.
"Se protege toda la información. Lo único que va a saber el banco o la casa de préstamo es si esa persona está o no está inscripta, no va a tener ninguna otra información, ni por qué, ni cuál circunstancia de salud está atravesando", explicó Pérez Pons. El sistema emite un reporte automatizado de "apto o no apto" para resguardar el secreto médico.
"Esto está apuntado a que las personas no se sobreendeuden" cuando atraviesan una situación de consumo problemático "que muchas veces no permite tomar decisiones racionales", señaló el legislador. Para las entidades que incumplan, la ley prevé un régimen de sanciones severo: pierden el derecho a cobrar intereses, comisiones o seguros —solo pueden recuperar el capital prestado— y arriesgan multas de hasta diez veces el monto del crédito otorgado a una persona registrada. "Recibirán multas los bancos o las fintech que otorguen préstamos a personas con problemas de consumo", resumió. Lo recaudado por esas sanciones se destinará a un fondo específico para políticas de salud mental.
La norma también avanza sobre la publicidad. "Esto trata de regular los accesos a un préstamo" y la facilidad con la que hoy se ofrece crédito, indicó Pérez Pons, en referencia a las casas de préstamo que entregan sumas altas con solo una fotocopia del DNI y el recibo de sueldo. La ley prohíbe la promoción de productos financieros cerca de casinos, salas de juego y establecimientos educativos, y extiende esa restricción a redes sociales y entornos digitales.
El diputado remarcó que la inscripción no deja antecedentes una vez que la persona pide su exclusión. "Se hace una presentación de una nota únicamente al registro, en 15 días queda excluido, pero tampoco queda el antecedente de que estuvo", explicó. Aclaró además que los bancos que nieguen un crédito a alguien que ya salió del registro también podrán ser sancionados, para evitar que la inscripción se convierta en un estigma permanente.
Pérez Pons enmarcó la ley dentro de una serie de proyectos sobre salud mental que impulsó junto a With, entre ellos una norma previa sobre ciberludopatía. "La salud mental es uno de los temas que amerita políticas de Estado", afirmó, y destacó que la iniciativa contó con el acompañamiento de bloques opositores y oficialistas por igual. Según indicó, el suicidio ya superó a la siniestralidad vial como principal causa de muerte entre los varones jóvenes en Chaco.
La ley fue aprobada con 24 votos afirmativos sobre 27 legisladores presentes, dos pedidos de permanencia en comisión y una abstención.
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