Milei anunció una reforma para permitir que buques extranjeros operen entre puertos argentinos

  El presidente Javier Milei anunció este domingo, durante su discurso en la inauguración de la Exposición Rural, que el Gobierno impulsará ...

 

El presidente Javier Milei anunció este domingo, durante su discurso en la inauguración de la Exposición Rural, que el Gobierno impulsará una profunda reforma de la Ley de Cabotaje para habilitar que buques de bandera extranjera puedan transportar cargas y pasajeros entre puertos argentinos, una actividad que actualmente está reservada, con excepciones, a embarcaciones nacionales. 

La iniciativa, que será enviada al Congreso para modificar el Decreto-Ley N.º 19.492/44, busca desregular el transporte fluvial y marítimo, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad del sistema portuario. El proyecto fue elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se enmarca en el plan de desregulación económica que impulsa la administración de Milei, orientado a promover inversiones, aumentar la competencia y mejorar la eficiencia del sistema logístico nacional.

La reforma contempla una serie de modificaciones al régimen vigente, entre las que se destacan la habilitación a buques extranjeros para transportar cargas y pasajeros entre puertos argentinos mediante autorizaciones temporarias, la flexibilización de las exigencias para la contratación de tripulaciones nacionales, la eliminación de los aranceles para importar embarcaciones nuevas o de hasta 20 años de antigüedad, el establecimiento de una incorporación progresiva de personal argentino hasta alcanzar un mínimo del 75% de la tripulación al cabo de un año y la posibilidad de que, durante los primeros 90 días de operación, las embarcaciones funcionen sin tripulación argentina. 

Desde el Ejecutivo sostienen que estas medidas permitirán incrementar la oferta de embarcaciones, reducir los costos del transporte de mercaderías y mejorar la competitividad de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un corredor estratégico para las exportaciones argentinas. El diagnóstico oficial indica que operar un buque bajo bandera argentina es hasta cuatro veces más costoso que en países vecinos, lo que afecta la competitividad de las economías regionales, y el ministro Sturzenegger justificó la iniciativa señalando que "el artículo 26 de la Constitución dice que la navegación de los ríos es libre y después se hizo el régimen de cabotaje, que prácticamente imposibilita la navegación, desde hace 40 años", además de sostener que la agenda de desregulación es "eminentemente pro-Pyme" porque las regulaciones funcionan como barreras de entrada que benefician a las grandes empresas.

En paralelo, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto alternativo encabezado por Agustina Propato, que propone declarar a la Vía Navegable Troncal del río Paraná como un bien de interés público nacional y un objetivo de valor estratégico, planteando que el Estado mantenga el control sobre la administración, el dragado y la operación del principal corredor fluvial del país, además de considerar infraestructura crítica nacional el tramo comprendido entre la Confluencia y las aguas profundas del Río de la Plata, con el objetivo de preservar la gestión estatal de la vía navegable y limitar la participación de operadores privados extranjeros en un sector considerado estratégico para el comercio exterior argentino.

 Por otro lado, especialistas marítimos y empresarios del sector cuestionaron el proyecto y advirtieron que una apertura irrestricta a operadores extranjeros podría afectar la soberanía logística y favorecer el avance de intereses estratégicos de potencias como China, mientras que desde la Liga Naval Argentina, Fernando Morales alertó que la ley propuesta "sería devastadora" porque una flexibilización excesiva podría afectar controles considerados esenciales para la seguridad de la navegación, y desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) observan con cautela la posible liberalización y reclaman que cualquier modificación se integre a una reforma logística más amplia, mencionando entre las principales dificultades las cargas laborales, fiscales y portuarias, además de la burocracia que afecta a toda la cadena logística.

Documentos técnicos elaborados por el propio Estado señalan que la derogación de la Ley de Cabotaje constituye una condición necesaria, pero posiblemente insuficiente para resolver los principales problemas del transporte por agua, ya que uno de los principales impedimentos no proviene de la ley de 1944, sino del régimen aduanero denominado "removido", que exige que el transporte por agua de mercaderías nacionales sea sometido a procedimientos propios de una operación internacional, requiriendo "los mismos o más trámites que los necesarios para enviarla o traerla de China", además de quedar sujeta a controles de selectividad que terminan anulando una de las principales ventajas del transporte fluvial: la velocidad logística.

 Sin una reforma integral del régimen aduanero, la apertura de bandera podría traducirse principalmente en una mayor participación de empresas extranjeras en el mercado de fletes, sin resolver de manera integral los costos logísticos que hoy condicionan la competitividad de sectores estratégicos de la economía argentina.