El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral al reglamentar parte de la Ley de Modernización Laboral,...
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral al reglamentar parte de la Ley de Modernización Laboral, una de las iniciativas más importantes impulsadas por la administración de Javier Milei. La medida fue oficializada mediante decretos publicados en el Boletín Oficial y apunta a promover el empleo registrado, reducir costos laborales y flexibilizar algunos aspectos de las relaciones laborales.
Uno de los puntos centrales es la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que otorgará beneficios en las contribuciones patronales para aquellas empresas que incorporen trabajadores registrados bajo determinadas condiciones. El objetivo oficial es fomentar la creación de empleo formal y reducir los niveles de informalidad laboral que afectan a una parte importante del mercado de trabajo argentino.
La reforma también introduce cambios en los mecanismos de registración laboral, impulsa la digitalización de trámites y establece nuevas reglas para la contratación de personal. Además, contempla modificaciones vinculadas a indemnizaciones, jornadas laborales, convenios colectivos y sistemas alternativos para la cobertura de despidos.
Entre las novedades más debatidas aparece la posibilidad de implementar esquemas de “banco de horas”, que permitirán reorganizar la jornada laboral mediante acuerdos específicos, manteniendo el límite semanal establecido por la legislación vigente. También se habilitan nuevas modalidades para la gestión de horas extras y descansos compensatorios.
Desde el sector empresarial sostienen que las modificaciones aportarán mayor previsibilidad y facilitarán la generación de empleo privado. En cambio, organizaciones sindicales y sectores de la oposición cuestionan varios artículos por considerar que podrían afectar derechos laborales adquiridos. De hecho, algunos puntos de la reforma ya enfrentan presentaciones judiciales y medidas cautelares que mantienen abierto el debate sobre su aplicación definitiva.
Mientras continúan las discusiones políticas y judiciales, el Ejecutivo busca acelerar la reglamentación de los distintos capítulos de la ley para que los cambios comiencen a aplicarse progresivamente durante 2026.
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