El Gobierno nacional introdujo nuevos cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de facilitar la llegada de capitales, ampliar la participación de empresas locales y agilizar el desarrollo de los proyectos que buscan acceder a sus beneficios. Las modificaciones fueron establecidas mediante el decreto 1366, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La nueva normativa introduce cambios en tres aspectos centrales: la definición de proveedor local, el ingreso de divisas provenientes del exterior y las operaciones societarias de las empresas que forman parte del régimen. Desde el Ejecutivo explicaron que las modificaciones buscan adaptar la reglamentación a la experiencia acumulada desde la puesta en marcha del RIGI y facilitar su aplicación.
Uno de los cambios más importantes está relacionado con la definición de proveedor local. A partir de ahora, cualquier empresa constituida y domiciliada en Argentina podrá ser considerada proveedora local, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de su capital. Esto significa que una compañía radicada en el país podrá acceder a esa condición aunque tenga participación de inversores extranjeros. La medida amplía las posibilidades de participación de empresas argentinas en los grandes proyectos de inversión que ingresen al régimen. En el caso de las firmas que suministren bienes, deberán cumplir además con las reglas de origen nacional establecidas por el Mercosur.
Otra modificación apunta a facilitar el ingreso de divisas destinadas a financiar los proyectos. Hasta ahora, el esquema contemplaba principalmente los dólares liquidados directamente por el Vehículo de Proyecto Único (VPU), es decir, la sociedad creada específicamente para desarrollar una inversión. Con la nueva reglamentación también podrán computarse los aportes y financiamientos provenientes del exterior realizados por accionistas, socios o integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE). Para que esos fondos sean reconocidos, deberá acreditarse contablemente que fueron destinados al proyecto incorporado al RIGI. La medida busca ampliar las alternativas de financiamiento y facilitar la llegada de capitales extranjeros.
El decreto también flexibiliza las operaciones entre empresas que participan del régimen. Desde ahora, la compraventa de acciones de una compañía adherida al RIGI no provocará la pérdida de los beneficios obtenidos por el proyecto. Sin embargo, las nuevas adquisiciones de acciones no podrán contabilizarse como parte de la inversión mínima exigida para ingresar al régimen. Además, se permitirá que los integrantes de una Unión Transitoria de Empresas cedan sus participaciones o incorporen nuevos socios sin afectar los beneficios del proyecto.
La normativa también introduce cambios para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) , vinculados principalmente con inversiones de gran escala en los sectores energético y minero. Estos proyectos contemplan inversiones previstas superiores a los 2.000 millones de dólares cada uno. La nueva reglamentación diferencia las metas de inversión correspondientes a cada etapa del proyecto del compromiso total asumido por las empresas. También establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables, teniendo en cuenta las características y los tiempos de desarrollo de cada actividad.
En paralelo a las modificaciones reglamentarias, el Gobierno aprobó el ingreso de un nuevo proyecto energético al régimen. Se trata del parque eólico Vientos La Rinconada, que se instalará a unos 40 kilómetros de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa contempla una inversión de 230,7 millones de dólares y tendrá una potencia instalada de 94,5 megavatios. El proyecto se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), aunque su objetivo principal será abastecer de energía a la siderúrgica Siderca, ubicada en Campana. Según la resolución 1983 del Ministerio de Economía, la empresa deberá ejecutar al menos el 40% de la inversión computable durante cada uno de los dos primeros años y completar el mínimo exigido antes del 31 de marzo de 2027.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca hacer más flexible el funcionamiento del RIGI y generar mejores condiciones para atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina.