El Gobierno nacional redobló la presión para que el Congreso apruebe la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional conocida como "Ley Malvinas" antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dé a conocer su fallo sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas.
La resolución del tribunal con sede en Hamburgo está prevista para el sábado 28 de noviembre, y definirá si el proyecto Sea Lion operado por la israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %) puede avanzar según su cronograma o debe paralizarse hasta que se resuelva el fondo de la disputa. Las perforaciones están previstas para marzo de 2027 y la explotación un año después.
Argentina pidió al TIDM cuatro medidas cautelares: suspender cualquier nueva perforación vinculada a Sea Lion, impedir que el Reino Unido use la información obtenida en la exploración, cesar en su obstrucción a las obligaciones ambientales argentinas y no otorgar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa. El argumento central es que una explotación unilateral en un área en disputa viola la Convemar y las resoluciones de la ONU que piden no innovar mientras siga abierta la discusión por la soberanía.
En paralelo, el Gobierno busca que la Ley Malvinas quede sancionada antes del fallo. El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en Diputados el 27 de octubre, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Provincias Unidas, y la intención oficial era llevarlo al recinto el 12 de noviembre.
El texto original establecía penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de un agente extranjero, alteraran procesos electorales o manipularan la opinión pública. Tras negociaciones incluida una propuesta de Estados Unidos, el oficialismo aceptó limitar las sanciones a las filiales de empresas que operen en Malvinas sin una participación relevante, y excluyó del artículo sobre desinformación al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses. También se incorporó una comisión bicameral de seguimiento y la participación del Ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional.
Desde el Ejecutivo sostienen que la aprobación de la ley antes del 28 de noviembre permitiría a la Argentina presentarse ante el TIDM con un respaldo institucional consolidado, y que un fallo favorable aunque sea cautelar tendría un fuerte impacto político al confirmar la existencia de una controversia activa sobre el territorio y los recursos en disputa.
El canciller Pablo Quirno advirtió además que la Argentina puede iniciar acciones penales contra los directivos de las petroleras involucradas y aseguró que el Gobierno utilizará "todos los instrumentos legales, diplomáticos y judiciales" para impedir el avance de los proyectos. "Tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones", afirmó.
La estrategia oficial combina así la vía parlamentaria, la presión judicial y la diplomacia internacional en una misma dirección: llegar al 28 de noviembre con la ley aprobada y con la posición argentina reforzada ante el tribunal de Hamburgo.