El sistema financiero de Paraguay atraviesa una de sus crisis más severas de los últimos años. El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció este martes la intervención y el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, una de las entidades digitales más grandes del país, tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia, que quedó por debajo del 50% del mínimo requerido. La decisión, adoptada por unanimidad por el Directorio del BCP el 2 de noviembre, desencadenó el cierre total de la entidad y el congelamiento de los fondos de sus clientes.

Ueno Bank, controlado por el Grupo Vázquez, se había consolidado como el quinto banco privado del país, con el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema. Según sus propias cifras, contaba con cerca de 3 millones de clientes, lo que equivale a aproximadamente el 60% de la población adulta de Paraguay. Además, administraba aproximadamente US$ 850 millones en fondos públicos.

El detonante de la crisis fue un severo deterioro patrimonial. Si bien en marzo el banco reportaba un ratio de capital total del 15,01% (por encima del mínimo del 12%), las inspecciones posteriores revelaron inconsistencias contables que obligaron a revisar su situación. Los ajustes en los estados financieros, que incluyeron un aumento en las previsiones por riesgos crediticios, provocaron que el índice de solvencia se desplomara.

La medida supuso, en la práctica, el cierre operativo total de la entidad. “Ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, confirmó Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, quien detalló que se bloquearon las aplicaciones móviles, las tarjetas de crédito y débito, los cajeros automáticos y la banca en línea.

La incertidumbre se apoderó de miles de ciudadanos que acudieron a las sucursales en busca de respuestas. En Asunción, decenas de personas se concentraron a las puertas de las sedes del banco, mientras que en otras ciudades como Nemby se registraron reclamos airados. Emprendedores y trabajadores se vieron imposibilitados de disponer de su dinero para obligaciones inmediatas, como el pago de salarios.

A ello se suman los recursos de otras instituciones oficiales que operaban con el banco, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la represa binacional de Itaipú.

Para mitigar el impacto, el BCP activó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad (unos 38.000 dólares), equivalente a 75 salarios mínimos. El organismo anunció que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (alrededor de 1.675 dólares) “a la brevedad”.

Sin embargo, la cobertura tiene límites críticos. Las deudas pendientes con el banco se descontarán antes de pagar la garantía, por lo que el monto final podría ser menor al saldo que el cliente tenía en sus cuentas. Además, cualquier monto que exceda los 228,3 millones de guaraníes queda fuera de la cobertura, y el BCP no garantizó la devolución del excedente, que dependerá del resultado del proceso de resolución de activos.

La intervención desató un terremoto político. El presidente del BCP, Carlos Carvallo quien antes de asumir el cargo en 2023 había estado al frente de la financiera que luego se convirtió en Ueno Bank presentó su renuncia, aunque permaneció en el cargo para supervisar el proceso de resolución. Su vínculo previo con la entidad avivó las críticas sobre un supuesto conflicto de intereses.