La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de Enrique Piñeyro en el litigio que mantenía con el Estado por el pago del Aporte Solidario y Extraordinario, conocido como el "impuesto a la riqueza", que se estableció en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. Como consecuencia de esta resolución, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP) deberá reintegrarle al empresario, actor, director y piloto la suma de $9.377.809.747,37.

El monto exacto a devolver es el que Piñeyro había abonado en su momento, aunque la cifra final podría ser aún mayor debido a los intereses acumulados desde el pago original hasta que se efectivice el reintegro. El propio Piñeyro calculó que la devolución representa "el 99% del pago" que realizó, aunque advirtió que la devaluación redujo su valor en términos reales.

Lejos de quedarse con el dinero, el empresario confirmó que destinará la totalidad de los fondos a la Fundación Garrahan, la entidad vinculada al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. "Quiero que los impuestos vayan a donde tienen que ir: a la salud, la educación y la nutrición", sentenció Piñeyro.

La decisión no quedó en una simple promesa. Según la documentación compartida, el pasado 28 de octubre, Piñeyro formalizó mediante una escritura pública una oferta de donación por el monto total a la fundación. Al día siguiente, Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, firmó una carta en la que aceptaba formalmente la oferta, dejando constancia del compromiso institucional.

El propio Piñeyro explicó en declaraciones a Infobae que, por una cuestión de requisitos administrativos, el dinero debe pasar primero por una cuenta a su nombre antes de ser transferido a la fundación. "El dinero tiene que pasar por una cuenta mía e ir al Garrahan", detalló. Además, el actor criticó el desfinanciamiento del hospital y la falta de recursos para servicios públicos esenciales, remarcando que su cuestionamiento no apunta a que los grandes patrimonios paguen impuestos, sino a los mecanismos extraordinarios que utilizan los gobiernos para recaudar.

El litigio se remonta al año 2021, cuando se implementó la Ley 27.605, que creó por única vez el "Aporte Solidario y Extraordinario" para los patrimonios más elevados. En aquel momento, Piñeyro pagó el monto exigido por el Estado, pero de forma paralela decidió acudir a los tribunales mediante una acción declarativa de certeza para cuestionar la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de la medida.

Tras años de disputa judicial, la Justicia finalmente le dio la razón, abriendo el camino para que una suma millonaria vuelva a manos del filántropo, quien ya tiene un destino claro para esos fondos: la salud pública de los niños argentinos.