El Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), en una sesión que se extendió hasta la madrugada de este viernes 30 de octubre. El proyecto obtuvo 42 votos a favor, aportados por el oficialismo y sus aliados, y 21 en contra, todos del peronismo.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, sufrió modificaciones sustanciales en el recinto para conseguir los votos necesarios. El texto que ahora pasa a revisión ya no es el que redactó la Casa Rosada con la intención de levantar la prohibición de crear manicomios: esa restricción seguirá vigente y la internación se considera una medida de carácter excepcional.
Entre los puntos centrales del dictamen aprobado, las internaciones voluntarias deberán ser comunicadas a la Justicia. Los jueces podrán solicitar informes y peritajes, e incluso dejarlas sin efecto. Además, las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en dos años, serán consideradas prolongadas y el órgano de revisión deberá intervenir de oficio.
El texto mantiene la prohibición de los manicomios y contempla los tratamientos ambulatorios y comunitarios. También incorpora la ludopatía entre las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, habilita las teleconsultas con psiquiatras y permite que las personas dejen expresado de antemano si aceptan o rechazan determinados tratamientos.
Uno de los puntos más discutidos fue quién estará habilitado para firmar una internación. La versión final establece que deberá hacerlo un médico, preferentemente psiquiatra, o un profesional con formación en salud mental. Además, incorpora una segunda firma pensada para los psicólogos, que intervendrán en la evaluación y el alta.
La reforma tiene un capítulo particular en Chaco, donde durante décadas se desarrolló un modelo basado en servicios de salud mental dentro de hospitales generales, equipos interdisciplinarios y dispositivos comunitarios, sin hospitales psiquiátricos monovalentes.
La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) expresó su rechazo al proyecto. Si bien admite que después de más de 15 años existen aspectos de la Ley 26.657 que pueden revisarse, sostiene que los cambios deberían orientarse a ampliar la atención, fortalecer los servicios públicos existentes y completar los dispositivos comunitarios pendientes.
Desde la perspectiva chaqueña, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de habilitar nuevamente instituciones especializadas en psiquiatría y salud mental. Según los antecedentes aportados, Chaco nunca desarrolló un sistema basado en hospitales psiquiátricos monovalentes: la atención se estructuró dentro de hospitales generales y mediante dispositivos territoriales como el CISMA en Resistencia, La Lomita en Barranqueras o el dispositivo Juan Bautista Alberdi para infancias y adolescencias.
Con la media sanción del Senado, el proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados. Si obtiene aprobación en revisión, quedará en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial para su entrada en vigencia.
Sin embargo, el debate no está cerrado. Durante la sesión, senadores de la oposición reclamaron garantías de financiamiento. El catamarqueño Guillermo Andrada afirmó que “no alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos”. En la misma sintonía, el misionero Carlos Arce apoyó el pedido de financiamiento nacional para las provincias.
Varias provincias también plantearon objeciones por el costo que implicaría implementar los cambios, un punto que promete volver al centro de la discusión cuando el proyecto llegue a Diputados.