El Gobierno nacional avanza con una auditoría sobre las pensiones por invalidez y prepara el anuncio de una primera tanda de bajas que, según fuentes oficiales, alcanzará a alrededor de 20.000 beneficios. La medida se conoce después de que la Cámara de Diputados diera media sanción, el 22 de octubre pasado, a una nueva Ley de Discapacidad que ahora debe ser debatida en el Senado.

De acuerdo con la información difundida por Clarín y reproducida por otros medios, el Poder Ejecutivo no esperará el tratamiento en la Cámara alta para avanzar con un objetivo que considera crucial: dejar de pagar unas 20.000 Pensiones por Invalidez Laboral que fueron identificadas como “truchas”. Los funcionarios que trabajan en el tema aseguraron que ese ajuste es el resultado de una gran auditoría destinada a confirmar cuántos de los más de un millón cien mil beneficiarios de las PNC cumplen realmente con los requisitos para cobrar el subsidio.

La sospecha oficial es que existen cientos de miles de subsidiados que en realidad no deberían percibir el beneficio porque carecen de las necesidades reales para acceder a esos fondos. En el oficialismo los describen como PNC “fantasmas” y alertan que los procesos de “ordenamiento del sistema” acaban de empezar y se profundizarán.

El anuncio oficial sobre esta primera tanda de pensiones por invalidez que se darán de baja se produciría entre martes, miércoles o jueves próximos, según las fuentes consultadas. Las autoridades sostienen que la eliminación de las PNC no afectará a ningún ciudadano que padezca una discapacidad real. “Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan”, explican desde el Gobierno.

El contexto de la medida está marcado por la discusión legislativa. El oficialismo había cedido y aceptado modificar el dictamen original del proyecto de Ley de Discapacidad que la Casa Rosada había enviado al Congreso, debido a que varios ítems eran muy polémicos. Uno de ellos buscaba eliminar diversos beneficios y subsidios, incluida la propia PNC por Invalidez Laboral, una de las principales ayudas que otorga el Estado a quienes acreditan incapacidad física para trabajar y falta de recursos propios. Por presión de los aliados legislativos, finalmente las PNC se mantendrán en la ley, pero la auditoría y las bajas avanzan por la vía administrativa.

Con este escenario, el Gobierno busca mostrar resultados de control sobre un área de alta sensibilidad social, mientras las auditorías continúan y se espera que las conclusiones deriven en la suspensión del envío de fondos estatales para decenas de miles de personas que cobran una PNC desde hace años.