El presidente Javier Milei recibió este viernes a las 11 en la Casa Rosada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en una reunión que estuvo atravesada por las diferencias en torno al proyecto argentino de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas.

Del encuentro participaron, por el lado argentino, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador en Washington, Alec Oxenford. La delegación estadounidense estuvo integrada por el embajador Peter Lamelas, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y la asesora principal del área, Viviana Bovo.

La preocupación de Washington

La reunión llegó después de que Landau mantuviera el jueves un encuentro con Quirno en el Palacio San Martín. Allí, el funcionario estadounidense admitió la inquietud de las empresas de su país por el alcance del proyecto, aunque aclaró que Washington no intervendría en el debate legislativo argentino.

"Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina", sostuvo Landau, y agregó: "Nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina".

La preocupación de Washington se concentra en el Título I del proyecto, que no solo alcanza a las firmas que operan directamente en las islas, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados a actividades petroleras sin autorización argentina. El embajador Lamelas ya había transmitido esa inquietud a funcionarios argentinos por el impacto que las multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales podrían tener sobre grandes empresas y fondos de inversión estadounidenses.

La defensa del Gobierno argentino

El canciller Quirno defendió la iniciativa al sostener que la normativa vigente no alcanza para resguardar los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

"No va en contra de nadie en particular", afirmó, y explicó que las empresas deberán optar entre continuar con actividades cuestionadas en las islas o invertir en el territorio continental, donde el Gobierno identifica un potencial energético de mayor escala.

En la Casa Rosada relativizaron la preocupación estadounidense y consideraron que la postura era previsible. "Estados Unidos mira los intereses de sus empresas, como cualquier país", sostuvo un dirigente oficialista, al tiempo que insistieron en que las compañías que operen en la Argentina deberán cumplir con las leyes nacionales. El Ejecutivo aclaró que los planteos de Washington no constituyen una exigencia formal para retirar el texto y mantiene la decisión de impulsarlo.

El frente parlamentario

Mientras la reunión se desarrollaba, el proyecto seguía trabado en el Congreso. La iniciativa ingresó al Congreso el 17 de septiembre, pero el oficialismo postergó el tratamiento en comisiones por diferencias con los bloques aliados en los capítulos de seguridad nacional, defensa e inteligencia.

El plenario de comisiones previsto para el martes fue cancelado luego de cuatro reuniones sin acuerdo. Aunque existe consenso sobre las penalidades para las empresas que exploten recursos en la zona, la oposición cuestiona el artículo que prevé hasta 12 años de prisión por campañas de desinformación financiadas desde el exterior y rechaza la composición propuesta para el nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

Tras las sugerencias del PRO, el MID, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el embajador Lamelas, el oficialismo se comprometió a delimitar la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas y a crear una comisión bicameral para supervisar las facultades excepcionales del nuevo organismo. La fecha tentativa para llevar el proyecto al recinto de Diputados es el próximo miércoles 28 de octubre, aunque fuentes consultadas señalaron que aún no está definida.

El trasfondo: Malvinas como causa de gestión

El proyecto, impulsado por Milei y elaborado por Santiago Caputo, busca reemplazar la legislación de 2011 y ampliar las sanciones contra quienes faciliten la explotación de recursos en las islas. Según fuentes con acceso al despacho presidencial, el objetivo final es "poner en pie una mesa de diálogo con los británicos".

La reunión con Landau también abordó otros temas de la agenda bilateral, como la cooperación en seguridad y la lucha contra el terrorismo en la región, además de las políticas de apoyo económico que ambos países mantienen. En paralelo, sigue abierto el debate por la propuesta estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, organismo que analiza anualmente la cuestión Malvinas. Landau pidió que esa iniciativa no se interprete como una postura sobre la disputa, y Quirno respondió que su desaparición no debilitaría el reclamo argentino.