El inicio del juicio oral por la golpiza a jóvenes de la comunidad qom durante un operativo policial en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, previsto para este martes 22 de septiembre, fue postergado hasta el lunes 5 de octubre a las 7.30. La decisión fue adoptada por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia a menos de 24 horas del comienzo del debate, luego de que el imputado Orlando Sergio Martín Cabrera informara que había cambiado de abogado defensor.

El nuevo defensor, Cristian Festorazzi Verbek, Defensor Oficial N° 6, solicitó la suspensión del debate para contar con tiempo suficiente para estudiar el expediente. La presidenta del tribunal, Dolly Fernández, hizo lugar al planteo y estableció la nueva fecha de inicio, aunque dispuso que los diez imputados y sus defensores igualmente deberán presentarse este martes con el objetivo de evitar sustituciones o incorporaciones de profesionales de manera sorpresiva.

Una causa que acumula más de seis años

El expediente, identificado como causa 12.386/2020-1, se origina en los hechos denunciados en 2020 por jóvenes de la comunidad qom tras un operativo policial ocurrido durante la madrugada del 31 de mayo de ese año en el barrio Banderas Argentinas de Fontana.

Según la acusación, diez efectivos policiales ingresaron sin orden judicial a una vivienda donde se encontraba una mujer junto con sus hijos, cuatro de ellos menores de edad. La investigación sostiene que durante el procedimiento los jóvenes fueron sometidos a golpes y otros actos de violencia, entre ellos una adolescente. Las denuncias también señalan que los episodios de violencia habrían continuado en la Comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas fueron trasladadas y permanecieron detenidas. En ese lugar, además, denunciaron haber recibido insultos de carácter racista y discriminatorio.

Los diez imputados y las acusaciones

La causa tiene como imputados a Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martín Cabrera, Sebastián Alberto Vallejos y Claudia Beatriz Lucena.

Las imputaciones varían según la participación que se les atribuye en los hechos:

  • Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González están acusados por vejaciones agravadas.

  • Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Martín Cabrera enfrentan cargos por allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones agravadas.

  • Cristian Eduardo Foschiatti está imputado por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y detención ilegal, todos en concurso real.

  • Sebastián Alberto Vallejos enfrenta cargos por vejaciones en concurso real con falsedad ideológica agravada.

  • Claudia Beatriz Lucena está acusada por encubrimiento agravado en concurso real con detención ilegal cometida por un funcionario público.

El tribunal y las partes intervinientes

El tribunal que llevará adelante el debate está integrado por las juezas Dolly Fernández —quien ejercerá la presidencia— y Cristina Pisarello, junto con el juez Ernesto Azcona. La acusación estará a cargo del fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos.

En el proceso intervienen como querellantes particulares la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, representado por Guillermo Cuellar. También interviene la defensora oficial N° 14, Karina Paz, en representación de las víctimas. La causa cuenta además con la participación de Amnistía Internacional Argentina como amicus curiae, representada por Mariela Belski.

La preocupación del Comité contra la Tortura

La nueva postergación generó "preocupación" en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que interviene en el proceso como querellante institucional. Desde el organismo señalaron que las sucesivas dilaciones y la manera en que se ha prolongado el proceso evidencian también, según su consideración, una falta de adecuada perspectiva intercultural.

"La pertenencia de las víctimas a un pueblo indígena no puede ser considerada un dato accesorio: exige que su identidad cultural y su particular situación de vulnerabilidad sean contempladas de manera efectiva durante todo el proceso judicial", señaló el organismo.

El Comité advirtió además que las reiteradas postergaciones "prolongan la incertidumbre de las víctimas y sus familias y comprometen derechos reconocidos por la Ley de Víctimas". En esa línea, sostuvo que el acceso efectivo a la Justicia no se limita a la posibilidad de denunciar o participar de un proceso, sino que también requiere obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.

Ante la nueva suspensión, el organismo reclamó que se adopten las medidas necesarias para que el debate pueda desarrollarse finalmente sin nuevas dilaciones, respetando las garantías de todas las partes y asegurando a las víctimas una respuesta judicial efectiva, oportuna y con perspectiva intercultural. El Comité ya había presentado una petición formal ante la Cámara Segunda en junio pasado, cuando el tribunal reprogramó las audiencias que originalmente iban a comenzar el 23 de junio. En octubre de 2025 las audiencias ya habían sido postergadas por superposición con otro proceso judicial.

Las pruebas del juicio

Durante el debate se analizarán distintas pruebas incorporadas a la causa, entre ellas registros audiovisuales del procedimiento policial y grabaciones de las cámaras de seguridad de la Comisaría Tercera de Fontana. También está previsto que declaren las personas que denunciaron los hechos, los testigos y quienes registraron en video el operativo, cuyas imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales en 2020.

El ascenso cuestionado de una imputada

Otro de los aspectos que atravesó el caso durante los últimos años fue la situación de Claudia Beatriz Lucena, quien se encuentra imputada por encubrimiento agravado y detención ilegal. Según documentación a la que accedió el portal Litigio, mediante el Decreto N° 974/25, firmado el 13 de junio de 2025, el gobernador Leandro Zdero dispuso su ascenso de comisario inspector a comisario mayor, pese a que el proceso judicial se encontraba en curso. La medida fue cuestionada a partir de las disposiciones del Reglamento del Régimen de Promociones Policiales, que establece restricciones para el ascenso de agentes sometidos a procesos judiciales.

Cobertura restringida

El inicio del juicio tendrá una particularidad: la cobertura de los medios estará restringida debido a las dimensiones de la sala de audiencias. Según se informó oficialmente a periodistas y medios, podrán ingresar durante los minutos previos al comienzo del debate para registrar fotografías y videos, pero luego deberán retirarse y no podrán permanecer dentro de la sala durante el desarrollo de las audiencias. El mismo esquema se aplicará durante la jornada de lectura de la sentencia. El Área de Prensa del Poder Judicial anunció que proporcionará fotografías, inserts y una gacetilla informativa sobre el inicio del juicio.