El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 (TOF 5) resolvió que las causas Los Sauces y Hotesur, que tienen entre sus principales imputados a Cristina y Máximo Kirchner y a Lázaro Báez, sean juzgadas por separado. El tribunal consideró que, pese a compartir un contexto histórico, los expedientes tienen diferencias en sus objetos procesales y en los hechos que se investigan.
El debate por Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10, mientras que el juicio por Hotesur se iniciará el viernes 19 de marzo de 2027. El tribunal está integrado por los jueces Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni. Según explicaron en su resolución, unificar ambos procesos podría extender considerablemente los tiempos del debate, ya que cada expediente cuenta con cerca de 200 testigos. Por ese motivo, los magistrados también habilitaron los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero para avanzar con las audiencias correspondientes a Los Sauces.
La causa Hotesur
En Hotesur, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que una parte de los fondos de la obra pública vial adjudicada irregularmente a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz —investigada en la causa Vialidad— se habría canalizado a través de la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que habrían pasado al patrimonio de la familia Kirchner y que luego se alquilaban a Valle Mitre, una sociedad vinculada al empresario.
Según el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre le pagó a Hotesur SA más de $28 millones y otros $6,9 millones por Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013, y los accionistas habrían retirado esos fondos bajo la forma de créditos en lugar de dividendos. Los hechos fueron calificados como lavado de activos, con el agravante de organización destinada a la comisión continuada del delito para algunos de los imputados. El tribunal recordó además que Florencia Kirchner fue sobreseída en esta causa por decisión firme del 26 de noviembre de 2021. Sí está imputado Máximo Kirchner, hoy diputado nacional.
La causa Los Sauces
La causa conocida como Los Sauces tiene un objeto más amplio: además de los fondos del Grupo Báez, la acusación identifica una segunda fuente de dinero en empresas del Grupo Indalo, que habrían pagado a la sociedad Los Sauces SA —constituida en noviembre de 2006— a cambio de beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.
Según el requerimiento fiscal, entre 2009 y 2016 Los Sauces facturó a esas empresas casi 26 millones de pesos en concepto de alquileres, una cifra que representaba cerca del 88% de su facturación total, muchas veces por contratos sobre propiedades que no resultaban necesarias para la actividad de las locatarias o con valores por encima del mercado. Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita, además del lavado de activos.
Los argumentos para la separación de los juicios
Para justificar la separación, el tribunal invocó el artículo 43 del Código Procesal Penal, que impide mantener una acumulación de causas cuando eso implica un retraso grave para alguna de ellas, y remarcó que cada expediente tiene casi 200 testigos propios, con apenas poco más de veinte nombres en común entre ambas nóminas. Según los jueces, un juicio único habría obligado a las defensas y querellas con interés en un solo expediente a sentarse en audiencias ajenas a su causa, y el debate conjunto podría haberse extendido por más de dos años.
También pesó que Los Sauces tiene un grado de avance procesal mayor —esa causa llegó primero al tribunal— y que los tres jueces integran distintos tribunales orales federales y deben compatibilizar agendas con otros juicios en curso en sus jurisdicciones de origen. El tribunal citó como antecedentes el desdoblamiento que el TOF1 hizo entre los tramos de Plan Cóndor y Automotores Orletti, y el que el propio TOF5 aplicó en la causa Sueños Compartidos.
Como paso previo al inicio del debate, el tribunal también ordenó actualizar la información personal, laboral y de antecedentes de los imputados: pidió a los poderes del Estado que informen los cargos públicos que ocupan o hayan ocupado, requirió un informe socioambiental a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, y solicitó a la Dirección Nacional de Reincidencia y a la Policía Federal los antecedentes penales de cada uno.